La Confederación de Salud Mental en España afirma que 1 de cada 4 personas sufre o sufrirá a lo largo de su vida un trastorno mental y actualmente cerca de la mitad de ellas no recibe ningún tratamiento o éste no es el adecuado. La incapacidad del sistema público de sanidad de atender adecuadamente todas las afecciones relativas a la salud mental se debe en buena parte a la falta de profesionales especialistas, ya que en España hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea alcanza 18 por cada 100.000 habitantes.
 

Es práctica habitual que, llegadas estas fechas, muchas personas se acuerdan de los planes de pensiones, por cuestiones de desgravaciones fiscales a corto plazo, y alguno más pensando en el incierto futuro de los sistemas de jubilación como consecuencia del envejecimiento de nuestra sociedad.
 
Los medios de comunicación nos recuerdan de vez en cuando que un futuro incierto debe llevar asociado una planificación razonada de alternativas complementarias que, de una u otra manera, garanticen un futuro más tranquilo y esperanzador.
 

Enmarcado en la segunda parte de la reforma de las pensiones, el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, incorpora una modificación en sus artículos 247 y 248 que supone que la forma de cotización a la Seguridad Social será igual para los trabajadores a tiempo parcial que para aquellos que tengan contratos de jornada completa.

Uno de los principales objetivos de la reforma de las pensiones de 2021 y 2022 era la equiparación de los ingresos medios entre los diferentes regímenes, dado que tradicionalmente las prestaciones de jubilación de los trabajadores por cuenta propia encuadrados en el RETA ha sido sustancialmente inferior a las de los trabajadores por cuenta ajena que se rigen por el Régimen General.

El escenario macroeconómico atraviesa un periodo de luces y sombras como consecuencia del significativo endurecimiento de las condiciones monetarias en los últimos tiempos. Por un lado, las cifras de consumo y de empleo siguen mostrando una gran fortaleza, situándose las tasas de paro en el 6,4% y en el 3,8% en la Eurozona y EEUU, respectivamente, cerca de mínimos históricos.

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Una de las medidas que más ha llamado la atención de analistas y contribuyentes es el establecimiento de la denominada Cotización Adicional de Solidaridad. Se trata de un mecanismo que supone la imposición de un esfuerzo contributivo a los trabajadores por cuenta ajena con las rentas más altas y a las empresas que los contratan, sin ningún tipo de contrapartida para las mismas.

Una de las principales medidas de la reforma del sistema público de pensiones de 2023 es la conocida como “destope de las pensiones”. Antes que nada, hay que aclarar que ésta es una denominación errónea por cuanto realmente ni las pensiones ni las bases de cotización para su cálculo dejan de tener un máximo, sencillamente tendrán un proceso de incremento definido en esta nueva regulación y adicional al ya existente de dichos importes por estar referenciados al IPC (Índice de Precios al Consumo).

En las distintas reformas que se han abordado en los últimos tiempos sobre el sistema público de pensiones una de las principales claves del cambio ha sido el tiempo aplicado para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación.