El aumento de la esperanza de vida en una sociedad si bien es una gran noticia que refleja el desarrollo alcanzado por la misma, también conlleva una serie de riesgos entre los que destaca el progresivo envejecimiento de la población.
En la actualidad el envejecimiento de la población es una realidad (ver Cuadro 1) y todas las predicciones indican que en los próximos años el peso de la población de mayor edad crecerá exponencialmente de una forma significativa. Los mayores de 65 años en España suponían en el 2020 ya un 19,6% de la población (9,3 millones de personas), mientras que en el 2070 el colectivo pasará a representar el 28,6% (unos 14,5 millones de personas). Con una esperanza de vida de 82,33 años, España se sitúa a la cabeza de las economías desarrolladas más longevas del mundo.
Cuadro1. Proyección población España
Esta evolución social va a provocar, además, una mayor demanda de tratamientos médico-sanitarios y de cuidados públicos de salud, entre ellos los cuidados de larga duración; de servicios sociales; de servicios de alojamiento y residenciales; de soluciones de movilidad y otras infraestructuras públicas; y en general de programas directamente vinculados a las necesidades de las personas mayores (suponen el 45,3% de las altas hospitalarias en 2017). Todo ello conllevará, en definitiva, un mayor gasto público.
No obstante, lo expuesto es cada vez más necesario en todas las franjas de edad (no únicamente en los mayores de 65 años -el 25,88% de los dependientes son menores de 65 años-) el riesgo más severo, al margen del fallecimiento, que podemos sufrir en el ámbito personal y que afecta gravemente no solo a la persona que lo sufre, sino a todo su entorno es la dependencia.
En España (según datos del IMSERSO a 31 de diciembre de 2021) se contabilizan 1.829.604 solicitudes de dependencia, sobre las que se han resuelto el 93% de las mimas y que permite a 1.222.142 personas contar con alguna de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Las prestaciones del sistema (ver Cuadro 2) permiten atender los distintos grados de dependencia previstos legalmente: Dependencia Moderada (Grado I, que requiere ayuda 1 vez al día), Dependencia Severa (Grado II, que requiere ayuda 2 o 3 veces al día, pero no apoyo permanente) y Gran Dependencia (Grado III, que requiere ayuda varias veces al día o apoyo permanente).
En consecuencia, parece razonable valorar la posibilidad de contar con una estructura de protección que permita contar, en formato de renta o capital, con los recursos suficientes para garantizar la atención (sanitaria, económica, psicológica…) que una situación de depenencia precisa tanto para el sujeto que la sufre como para todo su entorno.
