El Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia (RETA) o Autónomos se ha caracterizado, desde siempre, por ser un sistema de cotización que permite al colectivo elegir una base de cotización (dentro de unos determinados límites mínimos y máximos) con independencia de sus ingresos reales. Ello ha llevado a que alrededor de un 80 % de dicho colectivo ha optado por hacerlo por la base mínima. Dicha circunstancia ha convertido a éste en un régimen deficitario, cuya sostenibilidad económica depende del resto de regímenes de la Seguridad Social. Este hecho ha sido reconocido en distintas ocasiones por los propios autónomos; la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) llegó a declarar en su día que “durante décadas el 84% del colectivo ha infracotizado y no siempre por necesidad”.
Todo ello llevó en el año 2022 a la aprobación del Real Decreto-Ley 13/2022 por el que se estableció un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia.
Siendo, por tanto, la cotización discrecional el principal motivo de la situación generada, existen otros factores socioeconómicos que han contribuido al agravamiento de la protección del colectivo en los últimos tiempos. Se trata de factores que se pueden circunscribir a los siguientes ámbitos:
- Causas derivadas del modelo. El sistema público de pensiones en España sigue un modelo de reparto cuyo principio básico es que las aportaciones de los cotizantes son las que financian las prestaciones que perciben los pensionistas, a diferencia de otros sistemas como, por ejemplo, el de capitalización o el llamado de “cuentas nocionales”, en los que las prestaciones que percibe cada pensionistas guardan mayor relación con el esfuerzo contributivo que haya hecho durante su etapa activa. Los expertos consideran insostenible este modelo por debajo de una ratio (tasa de dependencia) de 2,1 cotizantes por pensionista. Actualmente ya está en 2,01 y, en el caso del RETA en el 1,69. A pesar de ello, los interlocutores sociales rechazan de momento el cambio de modelo y abogan por continuar con la senda de reformas del modelo actual.
- Causas económicas. En el último año cerrado, y pese al aumento de la afiliación que supera, en el conjunto del sistema, los 20 millones de cotizantes, se repite el escenario de déficit de la Seguridad Social de los últimos años. En concreto el 2022 se ha cerrado con un déficit de 6.450 millones de euros (0,53% del PIB). Pese a que este dato mejora los de ejercicios anteriores, continúa siendo un lastre para la sostenibilidad del sistema de protección público. Asimismo, es conveniente hacer alusión en este punto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social creado en el año 2003 y que acumulaba, a diciembre de 2022, un importe de tan solo 2.138 millones de euros (frente a los 66.815 millones de euros del año 2011). Dicho importe es ya insuficiente para atender los compromisos de pago que el Estado genera en cada ejercicio. Por dicho motivo, los Presupuestos Generales del Estado para el 2023 prevén, por primera vez en trece años, una aportación al citado Fondo por un importe cercano a los 3.000 millones de euros (por la aplicación del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional).
• Causas demográficas. De las tres variables fundamentales que determinan la evolución demográfica de una sociedad (la natalidad, la mortalidad y la estructura de edad de las migraciones), quizás el aumento de la esperanza de vida es la más determinante (se situó ya en el año 2021 en los 83,07 años). Cuando junto al aumento de la esperanza de vida se da una importantísima disminución de la natalidad, entonces se produce una brusca descompensación generacional que lleva asociada un acelerado envejecimiento de la población. Esta evolución social va a provocar, además, una mayor demanda de tratamientos médico-sanitarios y de cuidados públicos de salud, entre ellos los cuidados de larga duración, de servicios sociales, de servicios de alojamiento y residenciales, de soluciones de movilidad y otras infraestructuras públicas y, en general, de programas directamente vinculados a las necesidades de las personas mayores (suponen el 45,3% de las altas hospitalarias en 2017). Todo ello conllevará inexorablemente un aumento del gasto público en este ámbito.
Por tanto, nos encontramos con que la población en edad de trabajar disminuye, el número de cotizantes se reduce y, en consecuencia, la cuantía de las cotizaciones también desciende. Por otro lado, simultáneamente, envejece la población, el número de jubilados aumenta y, por lo tanto, la dotación económica necesaria para hacer frente al pago de las pensiones también debe incrementarse. Consecuencia de todo ello es que la combinación de los dos factores (reducción de la natalidad y envejecimiento de la población) disparan el déficit de un sistema de reparto como el español (basado en la necesidad de que exista un superávit de cotizantes) y obliga o bien a reducir las pensiones o a aumentar las cotizaciones para corregirlos. Se impone, por tanto, seguir profundizando en cambios o reformas que puedan garantizar la sostenibilidad del sistema incluso ante condiciones tan adversas como las vividas en estos últimos años.
