La última de las reformas del sistema público de pensiones se ha llevado a cabo en dos fases (años 2022 y 2023) debido al elevado número de cambios que se han abordado y a las tensiones que ha debido soportar tanto a nivel interno como externo. La opción del tránsito de un sistema de reparto hacia un sistema de capitalización fue finalmente y de momento descartada tanto por problemas económicos como poblacionales (por la inminente llegada a la edad de jubilación del grupo de trabajadores que conforman la generación del Baby Boom). A partir de esta decisión sólo quedaba la vía de implementar reformas paramétricas que mejorasen en lo posible el nivel prestacional del sistema, reduciendo al máximo los desequilibrios de ciertos colectivos y todo ello con la máxima de garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo, bajo la “atenta mirada” de los órganos de control de la Unión Europea. Estas medidas se pueden agrupar en dos grandes categorías, la primera de carácter social que pretende la mejora de las prestaciones (lo que supone un incremento del gasto) y la segunda que busca incrementar la resiliencia del sistema (lo que va a suponer un esfuerzo mayor por parte de los cotizantes y el consecuente aumento de ingresos).
En consecuencia, entre las que suponen un incremento del gasto público destacan las siguientes:
- Cotización. El trabajador podrá optar en el momento de la jubilación por determinar su base reguladora entre la media de las bases de cotización de los últimos 25 años previos a la jubilación (sistema existente a la entrada en vigor de esta reforma) o la media de los últimos 29 años desestimando las 24 mensualidades en las que se haya contado con un nivel de cotización más bajo. Este sistema permite mejorar las prestaciones a trabajadores con una vida laboral más inestable, que hayan sufrido más las épocas de crisis laborales con baja o nula cotización (la Seguridad Social decidirá de oficio, en estos casos, la prestación que genera mayores ingresos).
- Pensiones máximas. Se propone incrementar la pensión máxima. No consiste en eliminar la pensión máxima, sino incrementar el tope por encima del crecimiento actual equivalente al IPC. Se ha establecido que el incremento será de 0,115 puntos porcentuales cada año entre 2025 y 2050; entre 2051 y 2065 se aplicará un crecimiento progresivo hasta sumar un 20% acumulado.
- Pensiones mínimas. Por un lado, se establece el objetivo de elevar las pensiones mínimas contributivas hasta el 60% de la renta mediana, pasando desde los 13.500 euros anuales de 2023 a los 16.500 euros anuales en 2027 según la estimación de la Seguridad Social. Por otro, se propone el incremento de la pensión mínima de viudedad en un periodo de cuatro años (entre los 1.775 y los 3.800 euros anuales).
- Brecha de género. Se propone el incremento del complemento por brecha de género (el 20% en los años 2024 y 2025) y la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para mujeres trabajadores.
Asimismo, entre las que suponen un incremento del ingreso público destacan las siguientes:
- Cotización. En concreto, se han aprobado dos grandes novedades:
- Base máxima de cotización. Al mismo tiempo que se incrementa la pensión máxima, crece también la base máxima de cotización, pero de forma asimétrica ya que el incremento anual sobre el IPC es del 1,2% (en lugar del aumento del 0,115% aplicable a la pensión máxima), lo que permite obtener un diferencial creciente de financiación del sistema.
- Cotización adicional de Solidaridad. Se establece un nuevo recargo de cotización para los salarios superiores a la base máxima que se irá incrementando durante el periodo previsto (desde un 1% sobre el exceso de la base máxima de cotización en 2025 y que se irá incrementando hasta llegar a un 6% en el 2045).
- Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Con el fin de volver a dotar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social con recursos suficientes para atender posibles escenarios deficitarios en el futuro, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional pasa progresivamente del 0,6% en 2023 al 1,2% en 2029, manteniéndose dicho porcentaje hasta el año 2050.
En resumen, la reforma de las pensiones trata de equilibrar un sistema que presenta en la actualidad severos síntomas de debilitamiento, manteniendo y mejorando las prestaciones y cargando el esfuerzo en los actuales y futuros cotizantes, con mayor peso en los trabajadores con mayores ingresos.
