El compliance o cumplimiento normativo se está volviendo cada vez más exigente para todas las compañías. En el caso de las compañías aseguradoras, además de la normativa general que se aplica a todas las empresas españolas (LOPD, LSSI…), se suma que operamos en un sector donde la regulación es muy exigente en temas específicos como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal (FATCA, CRS…) o la solvencia (Solvencia II).
El entorno regulatorio, además de ser amplio, es altamente cambiante. Si ponemos como ejemplo nuestra experiencia
en Surne, en los últimos 5 años hemos tenido que adaptarnos a un buen puñado de cambios normativos, tanto en el marco de los Seguros (Solvencia II, nueva Ley del Seguro…) como a nivel de EPSVs y Planes de Pensiones.
Por si todo esto fuera poco, algunas compañías nos autoexigimos una serie de compromisos relacionados con la calidad de servicio hacia nuestros clientes, como la certificación ISO 9001, que aumentan la carga de trabajo y la dedicación de recursos.
Para poder hacernos una idea de la carga de trabajo que suponen todas estas tareas, basta decir que las compañías de seguros anualmente generamos y enviamos más de 200 informes al regulador (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), y que pasamos varias auditorias: de cuentas anuales, de LOPD, de prevención de blanqueo de capitales, de calidad, de seguridad informática... Ah, y no nos olvidemos de las auditorías internas, el control interno, los comités de seguimiento, la prevención de los riesgos laborales, el cumplimiento del código ético, la prevención de delitos… como se puede ver la lista de tareas relacionadas con el compliance es prácticamente interminable.
Asegurar el cumplimiento de toda la normativa a la que nos vemos sometidos, tanto externa como interna es, en efecto, un gran reto que supone un alto consumo de recursos para las entidades, especialmente para las compañías aseguradoras de menor tamaño.
